Manifiesto TIC: los 11 puntos de una inédita coalición empresarial para el desarrollo convergente
La agenda lleva las firmas de las empresas Telecom, DirecTV y Movistar y las asociaciones Cabase (ecosistema de Internet), Cacpy (cableoperadores pymes) y Fecosur (cooperativas telefónicas), pero esperan sumar las firmas que faltan; presentarán estas ideas a los candidatos pre-presidenciales
Las empresas Telecom Argentina, DirecTV y Telefónica Movistar y las asociaciones Cabase (ecosistema de Internet), Cacpy (cableoperadores pymes) y Fecosur (cooperativas telefónicas de la zona sur) presentaron en las Jornadas Internacionales de la ATVC y Cappsa el Manifiesto de la Industria TIC, que incluye una lista de propuestas para el desarrollo de la conectividad en la Argentina. De cara al cambio de gobierno del año próximo, el texto irá siendo presentado a los precandidatos presidenciales en los próximos meses.
Por primera vez, aunque sin decirlo, el sector TIC también pide derogar aspectos aún vigentes de la ley de medios de 2009 y de otras normas impulsadas durante las cuatro administraciones kirchneristas.
El grupo que firma el manifiesto dice representar al 80% de la industria y dejó abierta la puerta a la incorporación del resto de los actores -la ausencia más notoria, aunque no la única, es la de Claro Telmex-.
Tras hacer un diagnóstico breve de la situación actual de la industria, su relevancia y potencial, el documento propone una agenda de trabajo público-privada que incluya los siguientes puntos:
- Libertad de precios y promoción de una competencia justa (retomar el status regulatorio previo al dictado del DNU 690). Traducido, derogar ese decreto.
- Participación del sector privado en la elaboración de un plan integral financiado por el Fondo de Servicio Universal. Traducido: terminar con la discrecionalidad en el reparto de esos millonarios recursos.
- Imponer a las plataformas de streaming extranjeras la tasa que alimenta el Fondo de Servicio Universal y destinar esos recursos al despliegue de redes en localidades pequeñas y al acceso a conectividad de segmentos de la población vulnerables. Traducido: que las plataformas también paguen el 1% de su facturación bruta para alimentar el fondo.
- Articular los planes de infraestructura estatal con los de los operadores privados para que la primera sea una herramienta que potencie y amplíe la capilaridad y velocidad de despliegue y cobertura de las empresas privadas de servicios TIC para todo el país (la infraestructura pública potencia el despliegue a través de obras municipales, caminos provinciales, obras de empresas nacionales, vialidad, etc., excluyendo la prestación de servicios de conectividad de última milla). Traducido: que el Estado -en especial Arsat- no vuelva a tentarse con una Entel dando conectividad directamente a hogares y personas en competencia con el sector privado.
- Evitar superposición de inversiones en infraestructura estableciendo una agenda de trabajo de complementación entre planes de empresas de gestión pública y despliegues de empresas privadas (Diseñar políticas públicas con participación activa de los operadores de la industria con una mirada técnica junto a Arsat. Establecer un ámbito público-privado de frecuencia periódica para el abordaje de objetivos comunes como la conectividad en espacios turísticos, entre otros). Traducido: dejar de duplicar o triplicar los tendidos de fibra y repartirse las rutas para cubrir mejor y más rápido todo el extenso territorio nacional -tanto en las grandes distancias troncales como en la capilaridad de las grandes urbes-.
- Implementar un plan de espectro radioeléctrico móvil de mediano y largo plazo que brinde previsibilidad, orden y prioridades. Traducido: terminar con los parches, las bandas sucias que se licitan, venden y no pueden usarse, y con la judicialización del despliegue, en especial de cara al 5G.
- Impulsar una simplificación normativa para facilitar permisos de despliegue de redes en localidades mediante la homogeneización de reglas, permisos, tasas y contribuciones. Permitir el canje de obligaciones regulatorias por inversiones en conectividad como incentivo al despliegue y desarrollo de infraestructura. Traducido: terminar con la discrecionalidad de los intendentes y concejos deliberantes que frenan el desarrollo de las redes al imponer tasas y regulaciones -cuando no prohibiciones- excesivas e improcedentes.
- Equilibrar el marco normativo para nivelar las condiciones de juego entre las plataformas de streaming extranjeras y los operadores aquí regulados, que implique una reducción y simplificación de las obligaciones vigentes. Traducido: eliminar o extender regulaciones asimétricas que las telco tienen por legacy y en las que las plataformas no son alcanzadas (muchísimas cosas que van de cuotas de producción local, exigencia de licencias, limitaciones de cobertura e impuestos)
- Eliminar cargas de canales obligatorios a transmitir por los operadores (must carry) permitiéndoles el control de su grilla, con libertad para definir el mejor contenido para sus clientes. Traducido: derogar buena parte del artículo 65 de la ley de medios de 2009, su reglamentación y las disposiciones que con base en ese artículo dictaron la Afsca y el Enacom)
- Exención de impuestos para generar un esquema de incentivos para despliegues de infraestructura nueva y zonas vulnerables o alejadas sin conectividad (una revisión general de la carga tributaria suprimiendo impuestos suntuarios y cargas excesivas y/o superpuestas entre distritos de distinto nivel). No necesita traducción.
- Generar una política de acceso a créditos especiales para el sector. No necesita traducción y no sería necesario este punto si el país tuviera una moneda propia y hubiese desarrollado un mercado de capitales.
Este posicionamiento es inédito en la industria, que ha estado históricamente atomizada -incluso, con duros enfrentamientos comerciales y políticos- y sólo se mostró unida tras el DNU 690. Aunque el ecosistema empresarial todavía tiene mucho por recorrer en la construcción de una representación sólida y unificada, el hecho de que las coincidencias se centren en el futuro -y cómo construirlo- no deja de ser un paso interesante en esa dirección. Y una tremenda novedad para quienes seguimos el desarrollo del sector desde hace décadas.
El lanzamiento del Manifiesto consistió en una conferencia de prensa brindada por los presidentes de Fecosur, Antonio Roncoroni; Cabase, Ariel Graizer; y Cacpy, Marcelo Tulissi.
“El primer defecto de la industria es que nunca se presenta como tal sino en organizaciones individuales, entonces lo primero que tenemos que decir es quienes somos”, se excusó Roncoroni, que proyectó que “hay muchos actores que se van a incorporar tanto de la industria como del ecosistema digital”.
El referente de Fecosur saludó la “generosidad de las grandes telefónicas” que se prestaron a debatir con los jugadores más pequeños. “Llegamos a la conclusión de que somos 80.000 puestos fijos y 400.000 indirectos y que el 30% de eso está en las pymes y cooperativas. La interconexión con las grandes es para estar disponibles para más sectores; hoy representamos el 5% del PBI indirecto y lo que tenemos para crecer es otro tanto”, por lo que “la industria tiene que empezar a proponer de qué manera crecemos”.
En esa línea, abogó por una regulación inteligente y estable “a diez años”, que trascienda los cambios de gobierno, en el marco de una integración horizontal y vertical, “con el Estado contento, sin cautelares que ahuyentan la inversión”. Roncoroni retomó sin embargo la crítica del DNU 690 y planteó que el “congelamiento no va a ser el que genere el servicio de calidad”, según detalló el sitio Convergencia.
Tulissi agregó que el documento es el cimiento de la construcción de ideas por parte de la industria para conectar a los habitantes del país. La dirección del documento, dijo, es hacia el interior de la industria y hacia la política. “La regulación tiene que estar pensada a mediano y largo plazo para no quedar a mitad de camino”, argumentó en relación a la dinámica de la industria.
Graizer señaló que “hoy 2000 empresas no podemos pagar las direcciones IP y así no puede funcionar nada. Antes eso se pagaba con un giro bancario, pero ya no se puede hacer de esa manera. Esta es una industria de capital intensivo; enterramos nuestras inversiones, por lo que necesitamos esa previsibilidad”.
“Esto es un trabajo que demoró más de dos años de reuniones, y es la primera vez que está todo el sector TIC reunido en un documento”, agregó Graizer.
Las coincidencias de la industria también se trataron en el Panel sobre Misión y Desarrollo de las TIC en Argentina, que, además de Roncoroni, Tulissi y Graizer, contó con la participación de Alejandro Quiroga López (de Claro Telmex), Alejandro Lastra (de Telefónica Movistar), Marcos Anzorreguy (Directv) y Hernán Verdaguer (Telecom).
Según el diario Clarín, Anzorreguy, gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV, planteó la necesidad de buscar «una regulación moderna, que promueva el desarrollo, la conectividad y las inversiones». El directivo de la empresa de TV satelital señaló que «hay una clara asimetría regulatoria entre los prestadores y las OTT, con quienes es necesario nivelar el campo de juego», dijo Anzorreguy.
Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas del Grupo Clarín), destacó que el sector TIC es «el tercer complejo exportador de la Argentina y aporta 2,4% del PBI. Necesitamos reglas claras y previsibles, en el marco de una articulación público-privada». Y agregó: “Se necesita articulación público-privada y privada-privada. Esta mesa de dos años de trabajo está dando su fruto, somos heterogéneos pero es la hora de potenciar y construir nuevos consensos”. En el mismo sentido se expresó Lastra, director de Regulación y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar de Argentina, quien sostuvo que «tenemos que conseguir políticas públicas de largo plazo».